Desde el retorno de Daniel Ortega al poder en el 2007, Nicaragua ha retrocedido profundamente en su sistema democrático. El Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua son hoy instrumentos partidarios del régimen para controlar y castigar a cualquier persona que se manifieste y organice en favor de la democracia y los derechos humanos en el país.
Esta situación llegó a su mayor momento de crisis en abril de 2018, cuando protestas ciudadanas pacíficas en contra de reformas a la seguridad social impuestas por Ortega, fueron brutalmente reprimidas por la Policía Nacional, grupos paraestatales y el Ejército de Nicaragua, provocando la muerte de más de 328 nicaragüenses y el exilio de más de 120,000. Desde 2018 hasta diciembre de 2020 se registraron 2,978 detenciones arbitrarias por razones políticas.
Las personas presas políticas son defensoras de derechos humanos, estudiantes universitarios, campesinos, periodistas, empresarios, trabajadores y líderes políticos, que han denunciado las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y los abusos de poder del régimen de Daniel Ortega.